Sin participación, no hay Sistema Anticorrupción

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, publicada en 2017, tuvo como finalidad desarrollar un esquema de coordinación interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno para impulsar acciones, políticas públicas y mecanismos de participación ciudadana en materia anticorrupción. No obstante, la propia complejidad del diseño institucional ha dificultado su operación con eficacia y eficiencia, dos principios imprescindibles del servicio público.

El Sistema Estatal Anticorrupción es, en efecto, una estructura compleja. Está integrado por un Comité Coordinador, que congrega a las autoridades responsables  de la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción; un Comité de Participación Ciudadana (CPC), que representa a la sociedad civil; una Secretaría Ejecutiva que provee los insumos técnicos; el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y diversas comisiones que permiten la articulación entre instancias.

Al revisar su estructura, podría pensarse que la figura central, más allá de las autoridades, es quien preside el Comité de Participación Ciudadana. Esto se debe a que, durante su año de gestión, preside tanto el CPC como el Comité Coordinador, lo que le otorga una posición estratégica en la toma de decisiones, en la definición de prioridades técnicas y en la interlocución pública del Sistema. 

Sin embargo, un análisis más detenido permite advertir que una de las figuras más determinantes dentro del sistema es la Comisión de Selección, órgano colegiado integrado por nueve personas provenientes de la sociedad civil y de instituciones académicas, responsable de conducir el proceso de designación de quienes integrarán el CPC, y por lo tanto, de quienes representarán a la ciudadanía en materia anticorrupción. Su relevancia radica en que define los mecanismos de evaluación, establece los criterios de selección y toma la decisión final sobre quién representará a la ciudadanía de Aguascalientes en el Sistema Estatal Anticorrupción.

Más allá de posibles reformas técnicas para fortalecer la imparcialidad y transparencia del proceso, la Comisión de Selección enfrenta un desafío estructural: la baja participación social. Para que un sistema anticorrupción funcione adecuadamente se requiere un involucramiento activo de la ciudadanía —ya sea postulándose, evaluando o dando seguimiento a los procesos—; sin embargo, el propio diseño institucional ofrece pocos incentivos para ello: el cargo es honorario, las convocatorias suelen publicarse únicamente en el periódico oficial del estado, los periodos de registro son breves y no existen incentivos económicos ni sociales claros que estimulen una participación amplia y diversa.

Al final, la pregunta de fondo no es solo cómo está diseñado el Sistema Anticorrupción, sino qué tanto estamos dispuestos a involucrarnos en él. Si pocas personas se postulan, si las convocatorias no se difunden ampliamente y si la sociedad no participa en los procesos de selección, el componente ciudadano pierde fuerza y representatividad. La Comisión de Selección es la puerta de entrada al CPC; por ello, la diversidad, preparación y compromiso de quienes participan inciden directamente en la solidez del componente ciudadano. Participar no es un gesto simbólico, sino una condición necesaria para que el Sistema funcione y, en consecuencia, para que la lucha contra la corrupción tenga bases reales.

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