Supremacía Constitucional

La reforma legal impulsada por los poderes ejecutivo y legislativo, conocida como “Supremacía Constitucional” es a todas luces una invasión contra el Poder Judicial, y una suerte de blindaje para que una camarilla mayoritaria modifique la ley mayor a su antojo, con la garantía de que ningún otro ente institucional o ciudadano pueda revertir, impugnar, o frenar los cambios constitucionales que pueden atentar contra la naturaleza misma de la constitución, de los derechos humanos, y de la propia institucionalidad democrática.

Esta reforma busca, entre otras cosas, restarle al Poder Judicial una de sus funciones esenciales: la de garantizar la constitucionalidad de los cambios jurídicos que ocurran en las legislaturas, y la dictaminación de que estos cambios sean efectivamente progresivos y basados en el derecho positivo. Así, al restarle este poder a las magistraturas, se crea un vacío en el que una mayoría legislativa puede echar abajo un siglo de progreso jurídico en México, en aras de complacer a un ejecutivo cada vez más omnímodo y hegemónico.

Aristóteles, en su tipología clásica de las formas de gobierno, criticaba el proceso de perversión que ocurre en la república democrática, al afirmar que su versión corrupta -la demagogia- no es más que la dictadura de las mayorías sobre las minorías. Eso ocurre actualmente en los poderes federales representados por el ejecutivo y el legislativo: una mayoría sin contrapesos anula los consensos y las discusiones públicas para hacerse con un ejercicio hegemónico del poder a fin de imponer su agenda. Corresponde a otro análisis el revisar si esa agenda es benéfica o perjudicial para el país; pero, de entrada, el modelo de ejercer el poder es totalmente opuesto a las democracias.

Peor aún. Corremos el riesgo de que ese inmenso poder sea ejercido por una mayoría indolente, soberbia y anodina, que ignore a todas las voces excepto la suya propia y la de sus feligreses. En ese escenario, toda acción autoritativa será impuesta sin distingo ni análisis sobre si sus efectos se apegan a la racionalidad, a la legalidad, y a la certidumbre administrativa, por muy bien intencionadas que sean estas acciones. Al final del día, no habrá ningún contrapeso, ninguna voz opositora, que impulse el debate y la discusión de las ideas y acciones que impactarán en la vida pública de todas y todos.

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