Un paso más hacía la dictadura de López Obrador

Para casi todos los estudiosos de los sistemas jurídicos, el Estado de Derecho supone varios principios fundamentales en la vida democrática de un país, por ejemplo, el imperio de la ley, es decir, que todas las actuaciones de las autoridades se ajusten al propio Estado de Derecho, la definición de las atribuciones y funciones que corresponden a cada uno de los poderes públicos, la división de esos poderes públicos en los tres clásicos que conocemos; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el control de la administración pública por parte de los jueces para que se eviten los actos arbitrarios y la garantía de los derechos y libertades fundamentales que deban ser respetadas por todas las autoridades y que el Poder Judicial se convierte en garante de las mismas. Se entiende en el Estado de Derecho que la propia intervención que hagan las decisiones legislativas, es decir, las normas que se dictan en el Congreso, tienen que estar respetando el principio de democracia y de separación de poderes, y de frenos y contrapesos en la vida pública de México.

Todas esas decisiones legislativas gozan de presunción de constitucionalidad, es decir, en principio se reconocen legales, pero el sistema jurídico admite que esas decisiones sean revisadas por el Poder Judicial Federal, en este caso, que va a revisar, precisamente, el apego a la constitucionalidad y al Estado de Derecho de esas decisiones. Al presidente de la República y a su grupo de colaboradores, no le gusta que intervenga el Poder Judicial Federal revisando sus decisiones, y no le gustan por una muy sencilla razón, porque esas decisiones son inconstitucionales, y así lo ha venido acreditando la decisión de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en la Reforma Electoral recientemente rechazada por el Órgano Colegiado Judicial Federal en México.

Nosotros hemos visto que ese rechazo ha causado incomodidad al presidente de la República, que ahora amenaza con una Reforma Integral a ese Poder Judicial Federal para desaparecer a los actuales ministros y crear un sistema judicial a modo, es decir, un sistema judicial que no arrebate sus decisiones, sino, que simplemente se pliegue a sus decisiones. Esa idea del presidente de la República ha sido seguida por el senador Monreal, quien ahora anuncia que es posible que se haga un juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los mexicanos debemos estar muy atentos a estas presiones a las que está sometiendo hacia el Poder Judicial Federal, su desaparición implicaría un paso más, y muy firme, por cierto, hacia la dictadura y el Estado autoritario, que al parecer, es la pretensión del presidente López Obrador, que no está de acuerdo en que sus decisiones sean revisadas por el órgano que tiene como función básica interpretar la propia Constitución, él quiere erigirse en juez, en legislador y en quien dicte todas las decisiones que deban regir a nuestro México. Eso, repito, nos conduce a un estado autoritario que ojalá los mexicanos sepamos reconocer y rechazar por el daño que puede causar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

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