Una elección sin pueblo

El pasado 1 de junio, México vivió una elección inédita: por primera vez en su historia, se llamó a la ciudadanía a votar directamente por quienes integrarían el Poder Judicial. La narrativa oficial presentó este ejercicio como un avance hacia la democratización de la justicia, una forma de devolverle al pueblo la capacidad de decidir sobre los jueces, magistrados y ministros que imparten la ley.

Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.

Según cifras oficiales, la participación en esta elección apenas superó el 13% del padrón electoral. Es decir, cerca del 87% de las y los mexicanos no acudió a las urnas para votar sobre uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. ¿Puede hablarse de legitimidad democrática cuando el ausentismo alcanza tales niveles? ¿Puede afirmarse que fue el pueblo quien eligió?

Desde el poder se ha insistido en que esta reforma judicial ya había sido avalada en las urnas, al momento en que millones de mexicanos votaron mayoritariamente por Morena en la elección presidencial. Se confundió una elección política con un plebiscito institucional. Se asumió que el respaldo electoral a un proyecto de gobierno equivalía a un mandato directo para rediseñar los equilibrios constitucionales del país.

No hubo consulta popular formal. No se promovió una discusión nacional profunda. No se construyó un proceso de información pública que permitiera a la ciudadanía comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Solo hubo prisa legislativa y una narrativa monolítica: “el pueblo ya decidió”.

Y sin embargo, cuando ese pueblo fue llamado a ejercer su poder constituyente sobre el sistema de justicia, no se presentó.

¿Falta de interés? ¿Desinformación? ¿Desconfianza? Probablemente todo a la vez. Lo cierto es que esta elección fue técnicamente organizada pero socialmente vacía. La gran mayoría no sabía que habría una votación judicial, no conocía a las candidaturas ni entendía el alcance del ejercicio. Incluso funcionarios responsables de comunicar el proceso carecían de claridad y criterios comunes. Lo que se vivió no fue una elección democrática, sino un ensayo sin libreto.

Peor aún: varios de los perfiles electos tienen vínculos evidentes con el partido en el poder. Si el propósito era construir independencia judicial, el resultado apunta en sentido contrario. La justicia no se fortalece sometiéndola a la lógica partidista, ni se hace más legítima vaciándola de participación ciudadana.

Una elección sin pueblo no puede sostener el nombre de la democracia. Y una reforma que prescinde del diálogo y la deliberación pública no construye justicia, sino desconfianza.

En México, el pueblo no eligió al Poder Judicial. Y si no eligió, no fue por falta de voluntad, sino por ausencia de condiciones. Porque no se le informó, no se le formó, no se le convocó con honestidad.

El resultado no solo es preocupante por lo que implica para el sistema judicial. Es alarmante por lo que revela del estado de nuestra vida democrática: una profunda desconexión entre las decisiones de poder y la voluntad real de la ciudadanía.

No basta con invocar al pueblo. Hay que escucharlo. Hay que permitirle decidir en condiciones de igualdad, libertad y conciencia.
 De lo contrario, lo que se construye no es un nuevo modelo de justicia, sino un nuevo capítulo de exclusión institucional.

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