Voto en prisión preventiva, un nuevo electorado

Este año, más de 93 mil personas en prisión preventiva elegirán por primera vez a la próxima presidenta o presidente del país, las dos cámaras del Congreso de la Unión y más de 20 mil cargos locales en las elecciones de 2024.

Su derecho al voto activo fue reconocido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en febrero de 2019, a través de las sentencias  SUP-JDC-352 y 353, en las que se concluyó que quienes se encuentran en la cárcel sin condena, continúan gozando de esta prerrogativa ciudadana al estar amparadas por el principio de presunción de inocencia -previsto en el artículo 20 constitucional-. 

Conforme a una interpretación progresiva de los derechos humanos y político-electorales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, la autoridad jurisdiccional ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de las personas privadas de su libertad con este estatus en las elecciones de 2024. Desde entonces se han realizado pruebas piloto en las elecciones de Hidalgo en 2022, así como en Coahuila y Estado de México, entidad con la mayor población penitenciaria del país, en 2023.

En esta ocasión, el voto en los 263 centros de reinserción social -248 estatales y 15 federales- se recabará en forma anticipada, entre el 6 al 20 de mayo de 2024; personal del INE se encargará de distribuir los sobres-paquete electorales con la documentación necesaria, con base en un listado nominal previamente elaborado y se instalarán mesas para su recepción. El escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos desde las cárceles se llevará a cabo el día de la jornada electoral, junto con el resto de la votación. En Aguascalientes, se espera la participación de 247 votantes.

Permitir que las personas privadas de su libertad ejerzan su derecho al voto abre un canal de participación en la toma de decisiones del estado y del país al que pertenecen; al mismo tiempo, impone desafíos en distintos frentes para asegurar que este electorado pueda ejercer un voto libre e informado. Por un lado, las autoridades deben garantizar programas de educación cívica y promoción del voto en las cárceles; de hecho, en Estado de México se llevó un debate electoral a un penal. Es inevitable preguntarse si, ante la necesidad de normalizar e incorporar a la población penitenciaria en sus campañas tal vez lleve a la clase política a modificar el paradigma de sus propuestas para mejorar la seguridad y se reconside el punitivismo en el que suelen decantarse las promesas en esa vertiente: aumentar el catálogo de delitos castigados con privación de la libertad, incrementar la duración de las penas corporales e, incluso, el reconocimiento de penas capitales.

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