El principal problema de la Ley anti memes es el amplio margen que se le da al delito en la redacción, sostienen senadores

La senadora por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, manifestó en el Senado de la República su absoluto rechazo a la reforma penal digital, conocida como "Ley Antimemes", al considerar que representa un retroceso democrático y una amenaza a la libertad de expresión.

Durante el debate, la legisladora del PAN advirtió que la redacción del nuevo artículo 403 Bis contempla hasta cinco años de prisión bajo figuras ambiguas como "escala comercial" o "identidad gráfica", sin excluir expresamente la parodia, el cartón político y el trabajo periodístico, lo que abre la puerta a criminalizar el humor y la crítica en redes.

«La principal preocupación se encuentra en el artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta disposición pretende imponer de tres a siete años de prisión y multas de 1000 a 10,000 U de Medida y Actualización a quien utilice y reproduzca, imite e incorpore la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial perteneciente a instituciones públicas. Se nos dirá de ahora en adelante qué conducta deberá realizarse a escala comercial y con la finalidad de inducir al error o al engaño, sin embargo, estas expresiones no son suficientes para eliminar el riesgo de una aplicación arbitraria», menciona la senadora.

Como protesta visual en tribuna, "Chuya" Díaz exhibió sátiras políticas impresas para demostrar, dijo, que el fondo de la reforma es el control del discurso digital, y sostuvo que defender el meme y la caricatura es defender que los ciudadanos puedan cuestionar al poder sin miedo a la autocensura.

«El tipo penal emplea conceptos amplios como identidad gráfica, imitar cualquier otro signo oficial y escala comercial, pero no excluye expresamente la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el trabajo periodístico, la creación artística, la investigación académica o las expresiones de interés público. Cuando la libertad de una persona puede depender de la interpretación de una autoridad investigadora, no estamos ante una garantía suficiente. Las conductas prohibidas tienen que estar definidas en absoluta claridad, especialmente cuando se pretende imponer una pena de hasta siete años de prisión», agrega la senadora.

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