Gobierno mexicano vs INE en la elección judicial

En estos últimos días hemos visto cómo el gobierno en turno se ha inconformado por un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que establece que deberá haber equidad en la contienda del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados.

Y esto deviene en el fundamento del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, de un fundamento que está asociado a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las adecuaciones que se hicieron rumbo al proceso electoral del Poder Judicial que tenemos en estas fechas. Fue promulgado por la jefa del Ejecutivo Federal. Está inscrito en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hoy día los representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, una ministra en campaña y algunos otros actores han ido a los tribunales a inconformarse por el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, porque ellos quieren ser los protagonistas de la promoción del voto.

Yo creo que es importante, en el ámbito público, pensar antes de hablar. Es fundamental para impedir que existan tergiversaciones. “Reflexionar” quiere decir “pensar”, y usar el lenguaje apropiado para comunicarse óptimamente.
Desarrollar el estado quiere decir mostrar un rostro de contenidos normativos que permiten la vida compartida en un rango de verdades fundadas y motivadas, como nos exige nuestro pacto fundamental. También es una responsabilidad no solamente moral, sino una responsabilidad ética.

Es una responsabilidad para la construcción de confianza que, en política, generar y construir confianza es absolutamente todo. De manera tal que el Instituto Nacional Electoral, a través de su consejo general, lo único que hizo fue respetar el principio de legalidad.

El principio de legalidad es sí, siempre y cuando no. Es una carta de navegación, un concepto esencial del derecho democrático que se traduce como el hecho de que toda acción deberá tener, como lo tiene la tercera ley de Newton, una acción contraria que sostenga y respalde las leyes promulgadas y que han sido de forma legítima.

Fortalecer la democracia es fortalecer el Estado de Derecho. Eso es importante dejarlo muy claro porque el artículo 134 de nuestra Constitución prohíbe la propaganda a través de recursos públicos. Estos deben administrarse con pudor, con eficacia, con economía, con transparencia y con honradez. Es decir, esto ha sido clave en el proceso de transición a la democracia procedimental en nuestro país.

Pero, por otra parte, la ley el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece explícitamente que está prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elecciones de personas integrantes del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto del artículo 134 que ya comentamos.

Pero para mayor abundamiento, el artículo 449, numeral uno, inciso D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que son infracciones: el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando esto afecte la equidad de la competencia entre las personas candidatas durante procesos electorales.

Entonces, presento iniciativas, son votadas mayoritariamente, las promulgo y luego no me entallan. Eso no es honradez política.

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