Golpe de timón a la promoción del voto

La elección judicial asestó otro golpe de timón a las reglas del juego democrático. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a los gobiernos para fomentar la participación ciudadana en los comicios del próximo 1° de junio, facultad exclusiva de los institutos electorales.

El pasado 9 de abril, el máximo órgano jurisdiccional en el ámbito electoral permitió a personas servidoras públicas sumarse a la promoción del voto, la participación ciudadana en la elección judicial, así como la organización de espacios para la difusión del perfil de las candidaturas. Al resolver el SUP-JDC-1790/2025 y acumulados, dejó sin efectos las prohibiciones contenidas en los Criterios para garantizar la imparcialidad y la equidad en campañas y veda electoral, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a fines de marzo.

Cabe señalar que dicha restricción proviene de los artículos 134 constitucional y 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de procurar que las contiendas se desarrollen en una arena neutral, partiendo de que el uso de recursos públicos puede inclinar la “cancha” en favor de partidos políticos o candidaturas. A pesar de que la Legislatura decidió trasladar este principio a la elección judicial a través de la reforma en la materia, diversas personas actoras se quejaron de su aplicación al considerar que atenta contra el derecho de acceso a la información del electorado, ya que gran parte del mismo desconoce que en menos de dos meses será convocado a las urnas para elegir personas magistradas y juzgadoras. 

Tras una acalorada discusión, la Sala Superior decidió que no existe una prohibición expresa para que los Poderes Públicos coadyuven en la promoción del voto, siempre y cuando no se pronuncien por una candidatura en específico, bajo la lógica de que forman parte activa del proceso electoral a partir de la postulación de candidaturas.

Así las cosas, la queja deja entrever que para ciertas personas actoras políticas la labor del INE ha sido insuficiente, una opinión que no comparto pero, suponiendo sin conceder, podría atribuir a los recortes presupuestales para la organización del actual proceso electoral. Me es inevitable preguntar por qué en principio no se dotó de medios suficientes al órgano electoral para cumplir a cabalidad con sus obligaciones expresas antes de acudir a esquemas en donde otras autoridades destinen parte de sus recursos a la promoción del voto, lo que repito, no sobra, pero podría implicar su distracción de los fines para los que fueron presupuestados. Además, será interesante ver cómo responde la ciudadanía a las campañas de voto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y en los estados, y cómo una vez abierta la puerta, este criterio se traslada a elecciones venideras en donde participen los partidos políticos.

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