Aguascalientes: ¿quién tiene la última palabra?

En política, la pregunta más importante no siempre es quién tiene el poder, sino quién tiene la facultad de decidir quién lo ejercerá después.

En Aguascalientes, la sucesión de 2027 plantea una disputa que no se resolverá únicamente en las encuestas. El Partido Acción Nacional llega con una ventaja electoral apreciable, pero deberá encontrar un punto de equilibrio entre tres fuentes de autoridad: la legitimidad de los votos, la influencia del gobierno estatal y las decisiones de su dirigencia nacional.

Son poderes distintos. Y no siempre obedecen a los mismos intereses.

Antonio Martín del Campo y Leonardo Montañez concentran buena parte de las preferencias entre los perfiles panistas. El primero cuenta con trayectoria legislativa y experiencia al frente de la capital. El segundo gobierna actualmente el municipio más importante del estado y representa una posibilidad de continuidad. Antonio Arámbula también forma parte de la competencia interna.

Hasta aquí, la historia parecería reducirse a determinar quién obtiene mejores resultados en una encuesta.

Pero existe una pregunta anterior: ¿quién decide cómo se medirá esa preferencia?

Los estatutos reformados de Acción Nacional establecen que el método de selección para las gubernaturas debe ser aprobado por la Comisión Permanente Nacional, a propuesta de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Las modalidades pueden incluir encuestas, participación de la militancia, elecciones abiertas o procedimientos mixtos.

La disposición tiene una consecuencia política fundamental: la competencia local se desarrolla dentro de reglas cuya definición corresponde al ámbito nacional.

Jorge Romero tiene, por tanto, una responsabilidad institucional que no puede confundirse con las preferencias de los grupos estatales.

Tere Jiménez, por su parte, conserva una influencia considerable sobre el escenario político de Aguascalientes. Su administración será evaluada en las urnas, aunque ella no compita por otro periodo. La gobernadora tiene interés en la continuidad de su proyecto, pero también enfrenta el desafío de preservar la cohesión del partido durante el relevo.

Ahí aparece la verdadera dificultad.

Una cosa es conseguir que un candidato sea reconocido como ganador del proceso interno. Otra, muy distinta, es conseguir que quienes pierdan acepten las reglas, reconozcan el resultado y permanezcan comprometidos con el proyecto.

Las mediciones publicadas en octubre muestran diferencias importantes entre los aspirantes según la encuestadora. Esa disparidad vuelve especialmente relevante la transparencia del procedimiento que finalmente se adopte.

El calendario ya impone una primera fecha: el 20 de noviembre vence el plazo para comunicar a la autoridad electoral los procedimientos internos de selección.

A partir de entonces, el PAN tendrá que demostrar si puede convertir distintas aspiraciones en una sola candidatura sin confundir la unidad con la subordinación.

Porque el problema de una sucesión no necesariamente está en la ambición de quienes quieren llegar, sino en la capacidad de las instituciones para establecer límites que todos estén dispuestos a respetar.

Aguascalientes representa una oportunidad para Acción Nacional, pero también una prueba sobre su forma de ejercer el poder.

La pregunta ya no es solamente quién tiene mayores posibilidades de ganar la gubernatura.

La pregunta que debería ocupar a quienes toman las decisiones es quién tiene autoridad para definir las reglas y suficiente legitimidad para conseguir que incluso el derrotado las reconozca.

Porque una candidatura puede resolverse mediante un procedimiento.

La legitimidad, en cambio, no se decreta.

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