Tragamonedas: la pequeña economía del poder

Las máquinas tragamonedas parecen un asunto menor. Están en la esquina, en la tiendita, en un local discreto con cortinas cerradas. No hacen escándalo. No encabezan conferencias mañaneras. No alteran la agenda nacional. Y, sin embargo, dicen mucho sobre el tipo de Estado que somos.

En México, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe expresamente las máquinas tragamonedas fuera de esquemas autorizados. La norma es clara. La realidad, no tanto. Basta caminar algunas colonias para constatar que la prohibición convive con su presencia cotidiana.

Desde una lectura institucional, el fenómeno no se explica sólo como “ilegalidad” o “falta de vigilancia”. Las tragamonedas forman parte de una microeconomía de renta: pequeños flujos constantes de dinero que, sumados, resultan significativos. Donde hay flujo, hay interés. Y donde hay interés, aparecen relaciones de poder.

Los decomisos recientes en distintas entidades del país muestran miles de máquinas aseguradas en operativos coordinados. La cifra importa no sólo por el volumen, sino porque confirma que no se trata de casos aislados, sino de un patrón extendido.

¿Por qué persisten si están prohibidas? Persisten porque operan en una zona intermedia entre lo visible y lo tolerado. En algunos casos, se vinculan a economías coercitivas; en otros, prosperan en contextos donde la supervisión es intermitente y las responsabilidades se fragmentan entre municipios, estados y federación.

El problema no es la máquina en sí misma, sino lo que simboliza: una regulación que existe en el papel, pero cuya aplicación depende de incentivos políticos, capacidades administrativas y equilibrios locales.

En el plano macro, el sector de juegos y apuestas ha sido considerado de alto riesgo para el lavado de dinero. En el plano micro, estas máquinas pueden generar conflictos vecinales, acceso de menores o cobros ilegales por “protección”. Lo relevante es que el poder no siempre se ejerce en grandes decisiones de gabinete, sino en transacciones pequeñas y repetidas miles de veces.

A nivel local, varias entidades han anunciado operativos permanentes para retirar máquinas instaladas sin autorización y ponerlas a disposición de autoridades federales. Estos operativos ilustran la compleja articulación de competencias: la norma es federal, la supervisión comercial es municipal y la acción policial suele ser estatal. Ese cruce de escalas ayuda a entender la dificultad del problema.

Más allá de lo local, estamos frente a una cuestión estructural. Las tragamonedas son un síntoma: revelan regulación fragmentada y un ejercicio desigual de la autoridad. La gobernanza no se juega sólo en la gran estrategia de seguridad nacional, sino en la capacidad de administrar con claridad y coherencia lo cotidiano.

Y a veces, lo cotidiano adopta la forma de una máquina con luces intermitentes que opera a la vista de todos.

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