La reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso para la ciudadanía al mermar la capacidad de las y los ciudadanos para defenderse. Es lo que refiere la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Aguascalientes luego de la modificación constitucional avalada en recientes días.
El gobierno federal público en la edición vespertina del 16 de octubre del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, propuestos por el oficialismo.
Apenas esta semana la iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y en menos de 48 horas esta fue aprobada por Morena y sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)
En el marco de la discusión de reforma a la Ley de Amparo dentro de la Cámara de Diputados, son legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) quienes advierten de tintes recaudatorios en la modificación constitucional.
Paulo Gonzalo Martínez López, diputado federal por Aguascalientes, asegura que esta modificación puede generar cierre de micro y pequeñas empresas.
La diputada morenista y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se abstuvo a votar el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo e incluso presentó una intervención técnica como propuesta de modificación.
Después de cinco días, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó este lunes 6 de octubre que ya recibió la minuta sobre la reforma a la Ley de Amparo, previamente aprobada en el Senado de la República, y que ahora será analizada en la cámara que ella preside.
En redes sociales, la legisladora panista señaló que instruyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro y mañana dará cuenta al Pleno para que sea turnado a una Comisión, donde será analizada y discutida.
La organización Greenpeace México advirtió que la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno Federal y recién aprobada por el Senado de la República limita el acceso a la justicia y coloca en mayor estado de indefensión a comunidades y colectivos “frente a los abusos de poder”.
En particular, la organización criticó la parte de la figura del interés legítimo, que es el que faculta a las personas físicas o colectivas para defenderse ante un acto de autoridad, aunque no les afecte directamente.
