Bienestar

Luego del anuncio por parte del Gobierno Federal para incrementar el presupuesto a programas sociales en 2026 y casi alcanzar el billón de pesos, el sector empresarial de Aguascalientes se dice preocupado por las repercusiones.

Roberto Díaz Ruíz, presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), refiere que este dinero no debe de tomarse en cuenta de la deuda pública y señala que debe de haber mayor cuidado con la forma en que se entregan los apoyos federales.

Anuncia el gobierno federal el arranque del pago de los programas sociales, como Pensión de Adultos Mayores, personas con discapacidad, e hijos de madres trabajadoras.

En este sentido se puede detallas que del 2 al 22 de enero aparecerán los depósitos en las cuentas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Como es ya costumbre, los depósitos se irán dando conforme a la primera del primer apellido e inicia este jueves 2 de enero con la letra A, posteriormente este viernes 3 de enero con la letra B y sábado 4 y lunes 6 para la letra C.

Es falso que la federación esté castigando a Aguascalientes por no adherirse al IMSS-Bienestar, señala la diputada local del PAN, Alma Hilda Medina.

La también coordinadora de la bancada albiceleste, asevera que si bien se dio una reducción importante en salud para el Estado, lo cierto es que gracias a las gestiones del Gobierno Estatal, van a llegar dos nuevos hospitales.

La última titular de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, Silvia Licón Dávila, asevera que en su entrega-recepción, todo fue claro y correcto, por lo que no hay nada que señalar en su contra, con respecto a quejas o malos manejos.

De la misma manera, asevera que su actuar siempre ha sido ético y con respeto a las normas, por lo que no hay nada que señalar en su paso del 6 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2024, es decir 2 años y 9 meses.

El actual delegado de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, se negó a responder ante los señalamientos por “carpetazos” en quejas interpuestas en contra de “superdelegados” en el anterior gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.